Falsos autónomos en los centros concertados

Uno de los graves problemas de los centros concertados es la falta de control económico en sus cuentas. Algo que permite, a más de uno de esos centros educativos (no, no estoy incluyéndolos a todos pero sí a demasiados) cuyo único afán es el lucro, hacer ciertos tipos de ingeniería fiscal, más o menos legal, para conseguir incrementar aún más si cabe sus beneficios.

No es extraño ver como hay docentes contratados en esos centros que cada mes donan parte de su sueldo a la fundación que generan para no declarar a Hacienda y poder ocultar, esas cuotas ilegales que cobran a los padres, bajo epígrafes que permiten que se queden al margen del control económico de la administración. Ya, seguro que ahora más de uno me diréis que es lógico que si un docente cree en el proyecto de su centro done al mismo. Pues va a ser que yo creo en la escuela pública y por ello ya pago religiosamente mis impuestos. No invierto en una fundación opaca creada para ocultar fondos y, aún menos, quiero cobrar menos de lo que me toca por convenio laboral, para donar parte de mi sueldo bajo determinadas presiones. Sí, es una cuestión de presión porque… ¿conocéis alguna empresa cuyos trabajadores donen al empresario parte de su sueldo? ¿Tendrá algo que ver que el empresario hace dicha contratación directamente y que el salario no lo abona él? Simplemente por preguntar.

Fuente: ShutterStock

Resulta curioso que la administración educativa no se preocupe de ese tema sabiendo que sucede. No, no son tan tontos como nos pensamos. Saben que sucede pero prefieren mirar a otro lado. Y ya cuando públicamente hay empresas, bajo falsas cooperativas o, simplemente organizaciones muy poco relacionadas con el ramo educativo, que ofrecen a los docentes un sueldo a cambio de aportar dinero ya es de traca. Sueldo inferior al que les paga la administración dentro del módulo de conciertos cuya diferencia se embolsan algunos. Negocio redondo, presión sobre los trabajadores y delitos continuados a la hacienda pública. Y todo lo anterior con dinero público porque los docentes que compran esa plaza de cooperativistas cobran el dinero que sale de los impuestos de todos. Alucinante.

Para rizar el rizo ya existe la última tipología de estafa a la hacienda pública. La contratación de docentes como autónomos por parte de algunos centros concertados. Lo de los falsos autónomos también ha llegado al ámbito educativo y, al final, negocio redondo para el propietario del centro, para los cooperativistas que pusieron el dinero inicial (en caso de ser una cooperativa que funcione en módulo de concierto) y para todos aquellos que se lucran, directa o indirectamente, de la opacidad de cuentas que tienen esa tipología de centros. Centros educativos cuyas cuentas jamás son auditadas. Algo que no digo yo. Algo que me han dicho responsables educativos de ciertas Comunidades que comentan que «no se hace porque nunca se ha hecho y tampoco no es cuestión de abrir la caja de Pandora».

Pues bien, yo desde este blog denuncio la existencia de falsos autónomos, reconocido en las redes sociales por un docente del colegio Valle del Miro, en el siguiente tuit.

Fuente: Twitter

Espero que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no mire a otro lado, haga las pesquisas oportunas (no sólo en este centro y en todos los concertados de la Comunidad) y proceda a sancionar a quienes estén incumpliendo la ley y pervirtiendo los conciertos educativos. Eso sí, si no se hace nada en el asunto, será el Consejero de Educación el último responsable del asunto y a quien se debería exigir responsabilidades penales porque, sabiendo la presunta comisión de un delito fiscal en uno de los centros que gestiona, no hace nada para solucionar el tema.

Entiendo que es complejo meterse a investigar qué sucede en los centros concertados pero creo que, tanto para los trabajadores de los mismos, para los concertados que sí cumplen la ley (haberlos haylos) y, para todos los ciudadanos que pagan impuestos que van destinados a los mismos, es algo que debería hacerse con urgencia. Bueno, por desgracia, todos sabemos que hay concertados con patente de corso por determinados motivos pero, que nadie se olvide que, por suerte los jueces en este país, son funcionarios que hacen muy bien su tarea, en la mayoría de ocasiones, con independencia del poder político de turno.

No me importa qué pueda hacerse con dinero privado en el ámbito educativo. Eso sí, me preocupa cómo se usa el dinero público en ese ámbito y algunas prácticas que se están realizando en algunos centros educativos sin que nadie diga ni mu.

La culpa no es del trabajador. La culpa es del sistema que hace que el trabajador, en estos casos que comento, para poder trabajar, deba participar en la comisión de un delito o aceptar unas condiciones económicas inferiores a las legalmente establecidas.
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Jordi Martí

Docente desconcertado que intenta encontrar su lugar en un mundo que no entiende. O que prefiere no entender.

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