¿Por qué no deberíamos pagar con dinero público el sueldo de los docentes de la concertada?

En primer lugar me gustaría aclarar que este artículo no está relacionado con la profesionalidad de los docentes de la concertada. Se trata simplemente de enunciar los motivos por los cuales se hace inevitable empezar a cuestionar que, profesionales con un acceso «diferenciado», «poco transparente» y, «con algunas especificaciones para acceder contrarias a la Constitución», puedan cobrar del erario público -o sea, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos-.

Se ha conocido últimamente que los Jesuitas -sí, esos abanderados de la «innovación» educativa que eliminan asignaturas y muros en sus centros- han abierto un proceso de selección de docentes para sus centros concertados. Algo que no sería problemático si se tratara de centros de gestión y financiación privada pero sí, al tratarse de centros de gestión privada y financiación pública en gran parte -entre la que se incluye el pago delegado a sus docentes-.

Vamos a ver el proceso y analizar por qué no deberíamos pagar con dinero público a los docentes de la concertada con este simple ejemplo. Pues bien, en la página de contratación de los Jesuitas aparece lo siguiente:

Fuente: http://www.fje.edu/talent/
Fuente: http://www.fje.edu/talent/

Una oferta de empleo interesante para todos aquellos que quieran trabajar en ese proyecto innovador. Así pues, ¿qué problema hay con lo anterior? Por ahora, sinceramente, al estar el procedimiento abierto y mediante, por lo visto, un proceso de selección donde lo que se prima, según se comenta en lo que van a valorar en el mismo, parece ser que van a escoger a «los mejores». Dobles titulaciones, licenciaturas, dominio del inglés (C1), conocimiento de herramientas 2.0 y un largo etcétera que hace que los aspirantes deban poseer una buena formación académica.

Fuente: http://www.fje.edu/talent/
Fuente: http://www.fje.edu/talent/

Un proceso que, con dinero público, va a permitir pagar unos sueldos de excelentes profesionales. Pues bien, ¿dónde está la trampa en lo anterior? ¿Qué motivos hay para criticar como no sea, según dicen, por el simple hecho de criticar a la concertada? Pues bien, sólo un pequeño detalle más allá de ser el proceso de selección opaco al estar gestionado por una empresa privada. La necesidad de profesar una determinada religión. Sí, aunque la Constitución prohíba taxativamente en su artículo 14 la discriminación por religión en el siguiente redactado…

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

… resulta que los Jesuitas excluyen del proceso de selección a cualquiera que no crea en Jesús y profese una determinada fe. Algo totalmente inconstitucional con independencia de que el salario de los docentes procediera de fondos privados y, aún mucho más sangrante, cuando el sueldo de los profesores de la concertada sale de los impuestos que pagamos todos.

Fuente: http://www.fje.edu/talent/
Fuente: http://www.fje.edu/talent/

Por tanto, lo de no pagar el sueldo de los profesores de la concertada no es sólo una cuestión ideológica, es una cuestión legal. Una cuestión que debería ser tratada en el Tribunal Constitucional con las repercusiones oportunas. Eso sí… ¿alguien tendrá interés en hacerlo? ¿Qué más ha de pasar con los conciertos educativos para seguir defendiéndolos a capa y espada sabiendo que, tanto en su funcionamiento como en su gestión, se están dando actuaciones contrarias al derecho?

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Jordi Martí

Docente desconcertado que intenta encontrar su lugar en un mundo que no entiende. O que prefiere no entender.

11 Comments
  1. Propongo el mismo argumento para los sindicatos y sus miembros activos.
    Son asociaciones privadas que consumen recursos públicos sin ningún control, ninguno serio me refiero, ninguno realmente transparente. No solo perciben subvenciones por el mero hecho de existir, y sin ningún tipo de exigencia de resultado, sino que perciben cuotas a sus socios privados.
    Además, el tema de los liberados también tiene bemoles. Ya comenté en este mismo blog la cantidad que solamente en el ámbito de la educación cuesta a las arcas públicas de una comunidad autónoma. Extrapolado solamente a los funcionarios públicos liberados en todas las administraciones públicas de todo el estado, en todos sus niveles, central autonómico, provincial y local, además de las empresas e institutos públicos… Ni te cuento lo que cuesta mantener un derecho constitucional desarrollado por las leyes, exactamente igual que los profesores. Miles de millones de euros todos los años.
    Pero como se trata de un derecho que hemos acordado entre todos que deben protegerse y financiarse, vamos a dejarlo como está. Aunque en general la actividad sindical se parezca, desde mi humilde punto de vista, más a la del S.XIX que a la época en que vivimos.
    Demasiadas personas han sufrido la estrategia política de uno o más sindicatos (a título de ejemplo, un líder sindical chantajeaba a una empresa: o echas a esta persona, o no te doy mi decisivo voto para conseguir este contrato. Tal cual). El conseguir prebendas para sí mismos que para los trabajadores a quienes presuntamente representan. Eso me parece más grave que lo de la pasta.
    Peeeero, como todo eso solamente lo hacen una poquísimas personas malas malísimas, y todos somos rematadamente buenos, vamos a dejarlo como está. O mejor no y lo ponemos todo patas arriba? Pero todo, eh? El estado perfecto sería la anarquía absoluta, pero eso requiere una premisa necesaria: que cada persona haga lo que tiene que hacer en cada momento, obrando el bien para sí y los demás; y eso se contradice con la propia naturaleza humana. John Nash tenía razón, mucha razón. Pero por estos pagos va a ser que hoy no.

    1. ¿Realmente me estás comparando la función sindical con el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución? Por cierto, te recomiendo que leas el funcionamiento de las organizaciones sindicales -que podemos criticar en su funcionamiento pero no en su legalidad avalada por diferentes normas-. Si ya hubieras querido rizar más el rizo hubieras podido mezclar en la respuesta a los políticos elegidos democráticamente en un sistema electoral transparente. Si lo único que puedes contraponer al incumplimiento de un artículo constitucional para defender procesos de selección en centros concertados que por lo visto defiendes, desde tu posición laboral, a ultranza, que rompen el principio de «igualdad de todos los españoles» vamos muy mal. Pero que muy mal. Y te lo digo con todo el cariño del mundo.

  2. No se vulnera ningún artículo de la Constitución. Los conciertos son legales mientras no cambie la ley.

    Los módulos con que se pagan los concertados son fijos, por lo que no es posible pagar excelentes sueldos, como parece insinuar el artículo.

    La libertad de contratación, respetando la ley, no debe ser un problema siempre q se cumpla este requisito: someterse a evaluaciones externas para comprobar resultados obtenidos. Si no se supera el nivel, se rescinde el concierto. Evaluaciones externas extensibles, naturalmente a los centros públicos

    1. Supongo que para vuestra asociación debería ser legal que los musulmanes, judios, evangelistas, ateos y un largo etcétera de personas que profesen una religión diferente a la católica queden excluidos de poder optar a una plaza de docente que se paga con dinero público. Lo siguiente, ¿qué va a ser? ¿Defender la no asistencia sanitaria de quienes no tengan recursos o la expulsión de todos los que no comulguen con vuestras ideas? Lo siento pero, sinceramente, ni se insinúa en el artículo nada de los sueldos, ni se puede estar a favor -si eres una persona de bien- de la discriminación de nadie por razón de raza, sexo, religión u orientación sexual.

  3. ¡Excelente artículo, Jordi! La única escuela de todas las personas y para todas las personas, que garantiza la igualdad de oportunidades y el respeto de la libertad ideológica y de conciencia es la pública. También es la única donde los procesos de contratación de docentes y de admisión del alumnado son democráticos y transparentes. Los conciertos educativos y las subvenciones a instituciones educativas privadas atentan contra los principios de igualdad, respeto, libertad, democracia y transparencia y apartan recursos públicos que deben ser para la educación pública.

  4. Pero vamos a ver. Los sindicatos no deben ser subvencionados por el estado a menos que sean verticales.
    Pero el artículo no habla de ellos, sino de los colegios concertados. Tengo una cierta experiencia con ellos y se pasan la contratación reglamentada por el forro. Contratan a quien quiere contratar el director, con lo que al final se esta pagando un sueldo público a el miembro de un grupo de amiguetes. A veces un excelente profesional es rechazado por caer mal a la dirección y contratan a un beato conocido. me parece que es Jordi Martí quien no quiere entender.
    Pero vamos a serenarnos, no nos pongamos paranoicos, si unos padres quieren una educación diferente de la que gestiona y organiza la administración pública que la tengan, que la paguen y si cumple con unos mínimos que les desgrave a hacienda por no hacer uso de la pública, y ya está.

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