Todos los docentes son culpables hasta que se demuestre lo contrario

Dentro de la campaña de acoso y derribo que están/estamos sufriendo los docentes en nuestro país se añade un nuevo matiz: la indefensión del colectivo frente a la Justicia ya que, según nuevas instrucciones emitidas por el Ministerio de Educación, los docentes deberemos acreditar, mediante el Registro Central de delincuentes sexuales, que no hemos sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

Fuente: http://historiadelconcejodealler.blogspot.com.es
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Por tanto, el Ministerio presupone el hecho de ser culpables y, es por ello que, cualquier docente que esté o pretenda trabajar en las aulas, debe documentar que no lo es. Sí, por lo visto el artículo 24 del Título I de esa Constitución que tanto invocan para otras cuestiones, donde se habla de la presunción de inocencia y la necesidad que sean los jueces quienes decidan, basándose a pruebas objetivas, declarar a los ciudadanos culpables, no se aplica en el caso de los docentes. Sinceramente, no lo entiendo. Entendería que, si se hallan pruebas de culpabilidad de algún delito cometido por los docentes en activo o por aquellos que quieran dedicarse a la docencia, se limite su acceso a la profesión o, si ya están dentro, se les rescinda su contrato (sea funcionarial si trabajan en centros públicos o laboral si trabajan en centros privados o concertados). Algo que ya sucede porque, en muchas ocasiones, hay determinados delitos que conllevan la inhabilitación para determinados trabajos. Algo que, poco tiene que ver con reinstaurar el certificado de buena conducta franquista que garantizaba que uno era afín al movimiento y, por ello, se le otorgaba un carnet de «buena persona». Sinceramente eso es lo que da la sensación que sea lo que intenten hacer ahora.

Otra cuestión que también me genera muchas dudas en lo anterior es que se obvia cualquier posibilidad de reinserción. Algo realmente grave en un aspecto como es el de la prostitución. Mujeres, mayoritariamente, dedicadas a un trabajo donde se explota su cuerpo que, por haber sido condenadas, ya no pueden ser docentes. ¿Alguien me explica dónde queda uno de los objetivos básicos de la prevención de la violencia contra las mujeres? ¿Alguien me sabría explicar por qué una persona dedicada a la prostitución no puede reinsertarse? Yo, sinceramente, no lo veo. Cuando el objetivo básico de una pena debe ser rehabilitar a la persona e integrarla a la sociedad, ¿por qué debemos impedir que una persona que, en su momento cayó víctima de mafias de explotación, no pueda trabajar de docente en las aulas? Y eso es lo que propugna el Ministerio.

Estoy, como docente, viviendo una situación inimaginable en mis peores pesadillas. Ya era grave lo que proponía hace pocos días Marina de denunciar a mis compañeros por si creía que eran o no buenos docentes pero, que ahora deba demostrar que no soy un delincuente sexual, ya roza el rizo de lo admisible.

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Cuando la Educación se convierte en espectáculo

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Jordi Martí

Docente desconcertado que intenta encontrar su lugar en un mundo que no entiende. O que prefiere no entender.

2 Comments
  1. No se m’havia passat pel cap; però, donada la contrastada tendència dels polítics a la cleptomania, ¿no seria convenient obligar-los a aportar certificat de no haver robat mai?
    Perquè, per exemple, fa uns dies dos candidats al 20 D (que encara no han governat) van confessar en un «programa» de TV que havien pagat «factures sense IVA», i els presidents d’Espanya i de Catalunya han tingut als tresorers dels seus partits tancats a la presó.

    1. Si fos per certificats… acabaríem omplint de burocràcia tot tipus d’actuacions, professions o serveis. Això sí, sempre convé posar l’ull en aquells que gestionen, directa o indirectament, els recursos de tots.

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